Sobre la «islamofobia» de Vox

 

No vale la pena extenderse para rechazar el tópico que afirma que todo musulmán es terrorista. Basta pensar que si de los mil quinientos millones de musulmanes que hay en el planeta sólo el uno por ciento fuese terrorista el mundo estaría en un estado de guerra permanente y sería invivible.

Aclarado lo anterior, parecen atinadas las reflexiones de G. Perednik ⁽¹⁾:

«La nuevamente permitida claridad impone, por un lado, que obviamente no basta con ser musulmán para ser terrorista y, por el otro, que hay nítidas huellas del Islam en la barbarie que nos aqueja.

La conclusión del silogismo es que resulta necesario dirimir en qué medida el gran mal social de nuestro siglo –el terrorismo– es atribuible al Islam. No lo es en su totalidad, por supuesto, pero tampoco puede exonerarse ligeramente la violencia ínsita en la tradición mahometana.

No abundan hoy en día las religiones que decapiten, flagelen, torturen en nombre de su dios, apedreen a las mujeres “desviadas” o apliquen penas de muerte incluso por delitos de fe y de conciencia. En rigor, hay una sola.

Una, que no se limita a generar involuntariamente (como cualquier otra religión podría hacerlo) fanáticos descastados que se desvíen de su propia fe o se rebelen contra ella, sino que por el contrario inspira a numerosos terroristas que encuentran precisamente en el Islam la inspiración y la justificación para los crímenes más atroces y despiadados».

Contra lo que a veces se piensa, España se convirtió en escenario del terrorismo islámico por primera vez en abril de 1985. Este hecho dio inicio de una serie de actos terroristas, tentados o consumados, que no voy a enumerar por razones de brevedad ⁽²⁾. Sólo cito dos casos recientes que destacan por su gravedad: el 11 de marzo de 2004, tuvo lugar el mayor atentado terrorista de la historia de España (con 193 muertos y 2053 heridos); el 17 de agosto de 2017 se produjeron los atentados de Cataluña (con 16 muertos, 8 terroristas, y 152 heridos). La lista de actos terroristas intentados o consumados llega hasta 2021.

Para comprender mejor la situación de España, en la cual emergen las propuestas de Vox, hay que recordar algunos hechos de público conocimiento: 1) Al-Qaeda ⁽³⁾ ha declarado que el asesinato de españoles puede formar parte de misiones terroristas; 2) numerosas escuelas de la comunidad islámica ⁽⁴⁾ incluyen a España como territorio del Islam invadido por infieles; 3) uno de los objetivos del terrorismo yihadista es recuperar todos los territorios ⁽⁵⁾ que fueron islámicos, incluida la península ibérica; 4) los individuos condenados por actividades yihadistas, o muertos en actos de terrorismo suicida, en su mayoría ⁽⁶⁾ nacieron fuera de España, pero se radicalizaron mientras vivían en ese país. En suma, España es un blanco importante del terrorismo islamista, el cual representa una amenaza real y grave para su seguridad nacional.

Respecto del ideario de Vox, dos de las fuentes consultadas en la primera entrada contienen propuestas relativas al Islam. La primera (100M), que data de 2018, incluye varias. La segunda (AE), de 2021, repite algunas que estaban presentes en el documento anterior, pero también suprime otras que seguramente resultaron muy polémicas. Desconozco las motivaciones de este cambio pero lo cierto es que la omisión implica una moderación en el discurso.

Algunas propuestas pueden ser discutibles, pero no son inquietantes desde una perspectiva liberal. Así, por ejemplo: presencia policial en las calles imposibilitando la creación de guetos donde se impone de facto la ley islámica; cadena perpetua e imprescriptibilidad de los delitos terroristas; inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a quienes cooperan con el terrorismo; recuperación de la soberanía en la aplicación de las sentencias de los tribunales españoles, de modo que los terroristas no puedan beneficiarse del amparo de Organismos europeos; participación de España en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista; sanción de una ley memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo y creación de un memorial para su recuerdo.

Consciente del estrecho vínculo entre islamismo radical y terrorismo, Vox propone otras medidas que buscan limitar la difusión de versiones del Islam que impulsan a la violencia. Primera, la expulsión de imanes (extranjeros, se sobreentiende) que promuevan interpretaciones fundamentalistas del Islam, el menosprecio de la mujer o la violencia terrorista. La expulsión es una sanción administrativa, regulada por la ley española, que actualmente está prevista para diversas acciones, como trabajar sin permiso, ocultar cambios en el estado civil, conductas contrarias a la seguridad nacional o actos discriminatorios ⁽⁷⁾. Segunda, Vox promueve el cierre de mezquitas fundamentalistas y la prohibición de abrir otras de igual carácter. Como ha explicado J.A. Rodríguez García «En esta materia (el establecimiento de mezquitas y oratorios islámicos) entra en juego las relaciones internacionales. Países como Marruecos, Egipto, Irán, Qatar y Arabia Saudí se disputan el control de los creyentes musulmanes de España. La construcción o el establecimiento de una mezquita sufragada con el dinero de estos países garantiza el control de los imames y, en consecuencia, la difusión de la visión del islam que propugna ese país». Como la propuesta de Vox no da una definición de lo que entiende por «fundamentalismo», puede ser objeto de diferentes valoraciones, pero si se refiere a la incitación a la violencia, la medida puede ser una sanción razonable. Tercera, se propone exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales. Dependiendo del alcance de «exigir» esta medida puede ser razonable o una restricción arbitraria de las libertades civiles. Se necesitan mayores precisiones para juzgarla. Cuarta, ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto islámico (fundamentalista) en suelo español. Para comprender el origen de esta propuesta hay que tener en cuenta que, en 2011, un informe de los organismos de inteligencia daba cuenta de que seis países musulmanes financian al islamismo radical. Otro caso reciente ha sido el de Ayman Adlbi ⁽⁸⁾.

Una propuesta de Vox que estaba presente en 100M, y no se encuentra en AE, es la exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Así, por ejemplo, si Arabia Saudita no permite abrir una iglesia cristiana, España niega el permiso para establecer una mezquita. Esta propuesta no sólo es inquietante sino que implica una afectación negativa de la libertad religiosa. En efecto, esta libertad es un derecho fundamental, no algo que se conceda o no bajo condición de reciprocidad. Los seres humanos tienen derecho a la libertad de cultos, aunque en otros países, los miembros de su confesión, priven de derechos a quienes profesan otra religión. En fin, pareciera una propuesta «sobreactuada» —cosa habitual en todas las fuerzas políticas— que difícilmente superaría el control de constitucionalidad.

Otra propuesta de Vox, contenida en 100M pero no ya en AE, es la exclusión de la enseñanza del Islam de la escuela pública. Prohibición que no se limitaría a las versiones fundamentalistas del Islam. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: una cosa es que la escuela pública no incluya la enseñanza religiosa y otra es que, si la incluye, se discrimine a una confesión respecto de otra. En el caso de España, estaríamos ante el segundo supuesto. Y se constituiría una vulneración de la libertad religiosa. Al igual que la propuesta anterior, sería improbable que superase el control de constitucionalidad.  

Para concluir, podemos decir que algunas propuestas de Vox relativas al Islam son discutibles; que otras son inquietantes, a menos que se precise mejor su contenido. Dos propuestas afectarían derechos fundamentales y, si se pusieran en práctica, difícilmente superarían el control de constitucionalidad. Tal vez sea esta la razón por la cual no las incluye el último documento programático del partido. Con todo, no parecen suficientes para calificar a Vox de partido «islamófobo».

 

 

 

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(1) https://www.nodulo.org/ec/2017/n178p05.htm

(2) Una enumeración exhaustiva de los distintos actos terroristas intentados o consumados en España, se encuentra aquí:

https://es.wikipedia.org/wiki/Yihadismo_en_Espa%C3%B1a#Historia_del_yihadismo_en_Espa%C3%B1a

(3) https://www.larazon.es/espana/20210820/y36zkjbis5cvdokt3gzyljd7ty.html

(4) https://issuu.com/stoprumores/docs/islamismox20radicalx20enx20espana

(5) https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37549419

(6) http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/dt11-2013-reinares-garciacalvo-yihadistas-espana-perfil-sociodemografico-1996-2012

(7) http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/expulsion

(8) Sobre el caso en España ver: https://www.europapress.es/nacional/noticia-policia-detiene-presidente-comision-islamica-espana-operacion-antiterrorista-20210324124730.html

Y también: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0087_ES.html

 

El unitarismo de Vox

Con la aparición del constitucionalismo liberal, y como garantía de la libertad personal, el poder soberano se divide de manera funcional en ejecutivo, legislativo y judicial. La relación entre estos poderes determina la clasificación de las formas de gobierno (autocracia o democracia). Y la forma en que cada uno de estos poderes se estructura en el territorio determina la clasificación de las formas de Estado (unitario, federal, confederación).

En los siglos XVIII y XIX existió un predominio del Estado unitario, modelo esencialmente moderno, que consolida el concepto de Estado-nación y permite la construcción de la mayoría de los Estados europeos a finales del siglo XVIII. El siglo XX se caracterizó por un auge del Estado federal.

En España ha sido constante la discusión —académica y política— sobre si la forma de Estado adoptada por la Constitución de 1978 es la de un Estado federal o no. Parte de la doctrina sostiene que es un Estado unitario, de comunidades autónomas, muy descentralizado políticamente. Otra parte de la doctrina afirma que la evolución institucional ha conducido a un Estado federal de hecho, pero no reconocido constitucionalmente. En este sentido, se han formulado algunas propuestas de reforma constitucional para «convertir» a España en un Estado federal de iure. Lo cual no admite, como es sabido, la posibilidad de secesión de sus regiones.

Vox sostiene que luego de cuarenta años el régimen de las autonomías ha fracasado. Que, en contra de lo esperado, se ha convertido en enemigo de la diversidad de España, atacando la pluralidad provincial y comarcal, tratando de homogeneizar territorios artificialmente. Que el resultado es una nación «dividida en 17 reinos de taifas, un enorme caos administrativo, lazos afectivos debilitados y un país sumamente desigual». Por ello, y para poner freno al separatismo, procura transformar el régimen actual en un Estado unitario administrativamente descentralizado.

Respecto de esta propuesta de Vox, se ha dicho que un Estado unitario sería iliberal o incluso anti-liberal. En rigor, esta crítica supone una confusión de conceptos. En primer lugar, porque ni la forma de Estado federal implica un gobierno democrático (p.ej. la U.R.S.S. fue una autocracia federal), ni la forma unitaria determina un gobierno autocrático (p.ej., Holanda es una democracia unitaria). En segundo lugar, porque la forma de Estado federal no es signo inequívoco de un techo ideológico liberal, ni tampoco la forma unitaria es reveladora de un ideario iliberal o anti-liberal. En efecto, como bien ha señalado M. García-Pelayo, «toda constitución, también la federal, se basa sobre unos principios o motivaciones políticas fundamentales, […]  pues constituyen el substratum común para una existencia política […] sin la cual no sería posible el Estado federal. […] Tales principios o motivaciones pueden ser de diversa índole, por ejemplo, democrático-liberales, como en el caso de Suiza y de los Estados Unidos; monárquico-constitucionales, como en el caso del II Reich, o marxistas-leninistas, como en el caso de la Unión Soviética. Y su formulación puede ser textual y precisa (preámbulo, declaraciones, preceptos), o bien manifestarse de un modo tácito o a través de un proceso de integración de la vida política».

En resumen, la propuesta de Vox en favor de reformar la Carta Magna para establecer un Estado unitario (como el de Francia) es discutible desde diversos puntos de vista, pero, por sí misma, no implica la adopción de una forma de gobierno autocrática ni es expresión de una ideología iliberal o anti-liberal.