José Luis Espert ha
declarado en una entrevista que es partidario de una «separación absoluta de Iglesia y Estado» (fuente).
Para poner en contexto esta
declaración, una vez más, debo recordar que el presidente jura solemnemente «observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina». Y el artículo
2º de la Constitución
es uno de los pilares sobre los que se asientan las relaciones del Estado con la Iglesia católica. En
prieta síntesis puede decirse que la Argentina no es un Estado «confesional», pero
tampoco «laico», porque brinda al catolicismo un reconocimiento especial. Hay
libertad de cultos, pero no igualdad de confesiones religiosas.
«Este artículo [2]
coloca a la Iglesia Católica
en una situación de preferencia frente a las demás religiones. El verbo
"sostener", empleado en su texto, no se refiere exclusivamente al apoyo
material representado por recursos financieros. Significa, además, una adhesión
espiritual al catolicismo, la consagración constitucional de un sentimiento histórico
que, a su vez, es el de la mayoría del pueblo argentino y la vinculación moral
existente entre el Estado y la Iglesia Católica. Ello se advierte desde el Preámbulo
que invoca a "Dios, fuente de toda razón y justicia" y se hace
extensivo a través de toda la
Constitución en varios de sus artículos (ver las concordancias).
Lo expuesto no significa
que la Iglesia
Católica sea oficial ni que el catolicismo sea una religión
del Estado. Tampoco este art. 2° afecta a la libertad de cultos, que consagra expresamente
el art. 14» (cfr. Zarini, aquí).
En
mi opinión, el art. 2º ya no responde a la realidad social de nuestro país. Porque
si bien en 1853 la casi totalidad de la población pertenecía al culto católico,
la Argentina
es hoy un país religiosamente diverso. Por tanto, en una futura reforma
constitucional, este artículo tendría que ser modificado. En este sentido, el
modelo norteamericano parece el que mejor se adapta a nuestra idiosincrasia, pues
combina la «laicidad» del Estado con la libertad de cultos, tanto en la esfera privada como en la pública. No ocurre así con el
modelo francés (ver aquí).
Volviendo
a las declaraciones de José Luis Espert opino que, como candidato a presidente, debiera responder este tipo de preguntas dejando en claro que cumplirá escrupulosamente con la Constitución, sin
perjuicio de la posibilidad de una reforma.
