jueves, 27 de diciembre de 2018

Espert y el aborto


En el liberalismo no hay unanimidad respecto de la penalización del aborto. Algunos piensan que debe ser sancionado y otros que debe ser inmune de coacción estatal (un panorama, aquí y aquí). La diversidad de opiniones no depende de los principios, que son comunes a todos los liberales, sino del estatuto biológico del nasciturus y de su ubicación en el seno materno (ver aquí).
El Código Penal de la Argentina, en principio, incrimina el aborto como un delito. Pero admite excepciones: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente. A partir de la sentencia F.A.L. la Corte estableció por vía de interpretación que el aborto es no punible respecto de de toda víctima de una violación, aunque no padezca una discapacidad mental. Agrega la Corte que la ley «no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial». El tiempo dirá si la no exigencia de una denuncia resulta un incentivo para «casos fabricados». Y si la ausencia de obligación de conservar restos como prueba genética del delito resulta un beneficio para violadores.
José Luis Espert ha hecho declaraciones relativas al aborto en medios de comunicación. La más rica en contenidos que conozco es la siguiente:
«…estoy de acuerdo con el aborto no punible. El aborto existe y las mujeres que más sufren el aborto punible son las chicas de bajos recursos, que hacen cualquier cosa con su cuerpo con tal de no tener el bebé. Para estas chicas también debe ser seguro y gratuito. Un criterio posible es que accedan a un aborto gratuito las beneficiarias de planes sociales, pero la gratuidad de todas las cosas debe ser muy específica y justificada…» (fuente).
Espert es candidato a presidente. Por tanto, en primer lugar, sería deseable que fuera más explícito y dijera si como presidente va a promover una ampliación de los supuestos de aborto no punible. Ya que un presidente tiene la iniciativa para presentar proyectos de ley y la facultad del veto. En segundo lugar, dado que se presentará por un frente de partidos, la posición debiera manifestarse claramente en la plataforma común. Así, los votantes podrían decidir si lo apoyan o no por este tema tan polémico.
Me llama la atención del párrafo citado su propuesta de gratuidad. Que ya sabemos lo que significa: pagado con nuestros impuestos. Por más que sea una gratuidad limitada -que los tribunales podrían ampliar por vía jurisprudencial- la idea es cargar a los sistemas de salud pública con un nuevo gasto. Hay economistas que han intentado estimar el costo fiscal que podría tener tal medida (ver aquí). Y por más que se diera la «compensación» o el «ahorro» que prevé  Ricardo Rojas (aquí), no hay que descartar la probabilidad de que con el tiempo sucediera algo como lo de Francia (aquí), país en el cual el aborto ha devenido en un sucedáneo de método anticonceptivo para una importante proporción de las mujeres en edad fértil. Lo cual incrementaría el gasto sanitario. Vista la cultura de irresponsabilidad que predomina en nuestro país, me parece una hipótesis bastante probable.
Pero, más allá de las cuestiones económicas, pienso que esta idea es mala por lo que significa respecto de ciertos valores sociales. Implica agregar al elefante estatal que nos aplasta un «micro-Estado de bienestar» en materia de aborto, creando un nuevo incentivo para la irresponsabilidad personal. Y es una concesión más al populismo y la socialdemocracia que nos tienen sumidos en una prolongada decadencia.

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