En el liberalismo no hay
unanimidad respecto de la penalización del aborto. Algunos piensan que debe ser
sancionado y otros que debe ser inmune de coacción estatal (un panorama, aquí
y aquí).
La diversidad de opiniones no depende de los principios, que son comunes a
todos los liberales, sino del estatuto biológico del nasciturus y de su ubicación en el seno materno (ver aquí).
El Código Penal de la Argentina , en principio,
incrimina el aborto como un delito. Pero admite excepciones: cuando está en
peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una
violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente. A partir de la
sentencia F.A.L. la Corte
estableció por vía de interpretación que el aborto es no punible respecto de de
toda víctima de una violación, aunque no padezca una discapacidad mental.
Agrega la Corte
que la ley «no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su
determinación judicial». El tiempo dirá si la no exigencia de una denuncia
resulta un incentivo para «casos fabricados». Y si la ausencia de obligación de
conservar restos como prueba genética del delito resulta un beneficio para
violadores.
José Luis Espert ha hecho
declaraciones relativas al aborto en medios de comunicación. La más rica en
contenidos que conozco es la siguiente:
«…estoy de acuerdo con el aborto no punible. El
aborto existe y las mujeres que más sufren el aborto punible son las chicas de
bajos recursos, que hacen cualquier cosa con su cuerpo con tal de no tener el
bebé. Para estas chicas también debe ser seguro y gratuito. Un criterio posible
es que accedan a un aborto gratuito las beneficiarias de planes sociales, pero
la gratuidad de todas las cosas debe ser muy específica y justificada…» (fuente).
Espert es candidato a
presidente. Por tanto, en primer lugar, sería deseable que fuera más explícito
y dijera si como presidente va a promover una ampliación de los supuestos de aborto no punible. Ya que un
presidente tiene la iniciativa para presentar proyectos de ley y la
facultad del veto. En segundo lugar, dado que se presentará por un frente de partidos, la posición debiera manifestarse claramente en la
plataforma común. Así, los votantes podrían decidir si lo apoyan o no por este tema
tan polémico.
Me llama la atención del
párrafo citado su propuesta de gratuidad.
Que ya sabemos lo que significa: pagado con nuestros impuestos. Por más que sea
una gratuidad limitada -que los
tribunales podrían ampliar por vía jurisprudencial- la idea es cargar a los
sistemas de salud pública con un nuevo gasto. Hay economistas que han intentado
estimar el costo fiscal que podría tener tal medida (ver aquí). Y por más que se diera la
«compensación» o el «ahorro» que prevé
Ricardo Rojas (aquí),
no hay que descartar la probabilidad de que con el tiempo sucediera algo como
lo de Francia (aquí),
país en el cual el aborto ha devenido en un sucedáneo de método anticonceptivo
para una importante proporción de las mujeres en edad fértil. Lo cual incrementaría el gasto sanitario. Vista la cultura de irresponsabilidad que predomina en nuestro país, me parece una hipótesis bastante probable.
Pero, más allá de las
cuestiones económicas, pienso que esta idea es mala por lo que significa
respecto de ciertos valores sociales. Implica agregar al elefante estatal que nos aplasta un «micro-Estado de
bienestar» en materia de aborto, creando un nuevo incentivo para la
irresponsabilidad personal. Y es una concesión más al populismo y la socialdemocracia
que nos tienen sumidos en una prolongada decadencia.
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