Kirchnerismo y reforma constitucional

En febrero de 2011, la dirigente kirchnerista Diana Conti hizo declaraciones (aquí) preocupantes para muchos: “Los sectores ultra K a los que pertenezco avizoramos el deseo de una reforma constitucional porque quisiéramos una Cristina eterna". Así expresó que se analizaba "una posible reforma constitucional para que se permita la reelección indefinida". Claro que no dejó de advertir que para tal fin es "necesario contar con consenso del arco político".

En las Elecciones presidenciales del 23 de octubre de ese mismo año, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo así a un segundo mandato. El Frente para la Victoria logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1973, habiendo obtenido la mayor cantidad y porcentaje de votos en una elección desde el retorno de la democracia en 1983; y la segunda mayor ventaja histórica respecto del candidato ubicado en segundo lugar.

Ante semejante triunfo electoral, cabe preguntarse por qué desde el inicio del segundo mandato de Cristina no se reformó la Constitución Nacional de acuerdo con el deseo de los sectores ultra K representados por Diana Conti. La respuesta más simple es: porque el artículo 30 de la Constitución dispone que la “necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto”. Y el kirchnerismo triunfante no pudo lograr esa mayoría calificada siquiera en su momento de mayor poder. Hubiera necesitado de un amplio acuerdo con la oposición y no lo intentó.

Dos años después, con de la derrota electoral de 2013, la misma Diana Conti (aquí) tuvo que reconocer que “se acabó la posibilidad de Cristina eterna”. Otra vez, por la misma razón, un hecho tan simple como contundente: no logró la mayoría necesaria para plantear seriamente el tema.

Este año, ante el posible triunfo de la fórmula encabezada por Alberto Fernández, vuelve a mencionarse la hipótesis de una reforma constitucional. Y no faltan kirchneristas que se pronuncian en tal sentido, como la inefable Diana Conti. De esto da cuenta un editorial del diario La Nación (aquí). El cual, sin embargo, no deja de recordar que las “trasnochadas y aviesas intenciones de una nueva Constitución, […] deberían tropezar con un Congreso nacional en donde ni La Cámpora ni la expresidenta estarán cerca de contar -aun obteniendo un buen resultado electoral este año- con el número de legisladores requerido para lograr los dos tercios del total de miembros de las dos cámaras y declarar la necesidad de otra reforma”. Una vez más, el artículo 30 de la Constitución pone un freno a las pretensiones hegemónicas.

Sin embargo, desde el gobierno de Cambiemos, se insiste con una “campaña del miedo” al eventual retorno del kircherismo, mediante el fantasma de una deriva autoritaria como la de Venezuela. Y un capítulo importante de esta campaña consiste en difundir en la opinión pública el temor a una reforma constitucional de corte populista y autoritario. Pero esta campaña ignora el principal obstáculo que el kircherismo debería sortear: la mayoría requerida por el artículo 30 de la Constitución Nacional. Además, la hipotética reforma no cuenta con el aval de Alberto Fernández, quien declaró: “la verdad es que no hace falta impulsar ninguna reforma constitucional. Ni en la escala de prioridades de la Argentina del presente la reforma constitucional es un problema. No lo es. Yo, además, Alberto Fernández en particular, tengo mucho apego a la Constitución Nacional de 1853. Y no creo que sea el problema de la Argentina” (aquí). Poco importa si esta declaración es sincera; lo cierto es que no tendrá -ni en el mejor de los escenarios electorales- la mayoría requerida para reformar la Carta Magna.

Más allá de las preferencias políticas de cada uno –las mías, opuestas tanto al kirchnerismo como al macrismo-, creo que no debemos prestarnos a una propaganda engañosa y mendaz. No seremos Venezuela, como dicen las focas amarillas. Lo cual no implica que una presidencia de Alberto Fernández estará libre de tentaciones hegemónicas, ni exenta de medidas tendientes a concentrar el poder político.